Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Desarrollar una reflexión con ayuntamientos y otros operadores jurídicos sobre la actual estructura de demarcación y planta en Euskadi.

Impulsar la difusión de los servicios de apoyo a la justicia y orientación hacia ellos, con el desarrollo de cartas de servicio.

Intensificar la unidad de actuación del Ministerio fiscal y de la policía judicial en materia de personas desaparecidas.

Adoptar un Plan de Actuación para la reactivación de la actividad judicial, para afrontar las consecuencias del Covid-19.

Adecuar todos los servicios de la justicia a la definición de violencia contra la mujer que recoge el Convenio de Estambul.

Desarrollar el Plan de Actuación de Violencia Sobre la Mujer con el objeto de reforzar la coordinación interinstitucional, la formación del personal de los juzgados de violencia sobre la mujer, y la adecuación de las instalaciones y refuerzo de los servicios de información, atención y acompañamiento integral a las víctimas (Programa Zurekin).

Supervisar periódicamente por profesionales externos los sistemas de funcionamiento y del personal de los Centros educativos de internamiento de personas menores infractoras.

Desarrollar la Ley vasca 4/2008, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo y promover el Proyecto Batera de unión entre víctimas y sociedad para la convivencia y el futuro.

Organizar visitas educativas para jóvenes a ciudades europeas marcadas por la guerra u otras experiencias traumáticas de violencia.

Consolidar “Eskura”, Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete.

Colaborar con el Consejo de la Juventud de Euskadi en el marco del Programa Etikasi en la sensibilización y concienciación de los Derechos Humanos.

Reforzar la estrategia de datos abiertos y datos enlazados. Identificar conjuntos de datos demandados por el colectivo de reutilizadores/as en Euskadi y por la ciudadanía, y normalizar y enlazar dichos datos desarrollando nuevos servicios interinstitucionales.

Poner en marcha un proyecto piloto de inteligencia artificial en el ámbito de la administración, como una de las áreas de aplicación del centro vasco de inteligencia artificial. De esta forma, aprovecharemos las nuevas tecnologías y la innovación tecnológica para mejorar la acción del gobierno y el servicio a la ciudadanía.

Avanzar en el desarrollo del Modelo de Gobierno Responsable, así como del Marco integrado de Gestión de Riesgos en el ámbito económico, con la finalidad de mejorar la gestión del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y favorecer la consecución de sus objetivos.

Establecer un marco de planificación económica y presupuestaria que permita integrar y vincular entre sí la planificación de políticas públicas, los programas presupuestarios y los planes operativos de inversión y fomento, impulsando su evaluación vinculada al conjunto de las políticas públicas y a los instrumentos que las desarrollan y un seguimiento continuo y transparente de las políticas públicas que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas.

Promover en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria, una revisión del sistema tributario de la Comunidad Autónoma de Euskadi, avanzando hacia una fiscalidad más progresiva, teniendo en cuenta la nueva realidad económica surgida tras la crisis sanitaria y económica generada por la COVID19, la posible evolución del empleo, la capacidad y competitividad de nuestras empresas, así como la financiación extraordinaria que pueda derivar de los fondos provistos por el Gobierno español y la Unión Europea. Sobre este nuevo escenario, el Gobierno y los partidos que los sustentan nos comprometemos a realizar, junto con las instituciones competentes, una revisión meditada sobre una nueva fiscalidad que garantice la suficiencia financiera, apoye la economía generadora de empleo y el reforzamiento de los servicios públicos y tienda a la convergencia con la fiscalidad en Europa.

Reforzar los sistemas de control de las entidades que conforman el sector público vasco, principalmente empresas y fundaciones públicas, así como de aquellas que prestan servicios concertados a las administraciones públicas y que reciban el grueso de su financiación por esta vía.

Desarrollar un enfoque transversal basado en los derechos humanos, la equidad de género y la coherencia de políticas para el desarrollo en las políticas del Gobierno Vasco. Este compromiso se materializará mediante la elaboración y aprobación de una nueva Ley Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Así mismo se elaborará y aprobará el V Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, con estos enfoques: potenciando África; el impulso decidido hacia una real coherencia de políticas al desarrollo; el fomento de acciones concretas para incorporar a los Departamentos del Gobierno Vasco a iniciativas de cooperación relacionadas con sus ámbitos de actuación y la coordinación intra e inter institucional, profundizando especialmente la alianza con Euskal Fondoa.

Continuar con la actualización permanente del ordenamiento jurídico de Euskadi en materia económico-financiera (régimen presupuestario, ayudas y subvenciones públicas, política e instrumentos financieros, etc.) con el fin de mantener una regulación eficaz, moderna, estable y transparente de las materias propias de la Hacienda General del País Vasco.

Avanzar en el plan de normalización lingüística para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la utilización del euskera en el ámbito de la justicia, como lengua oficial en Euskadi.

Desarrollar nuestro compromiso con una política penitenciaria fundamentada en la promoción activa de los principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción, una de cuyas consecuencias es el apoyo al traslado de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar, en los términos orientados por la Constitución y la legalidad penitenciaria. Canalizar este compromiso a través del dialogo y la colaboración con el Gobierno español, competente en materia de política penitenciaria, que tenga como orientación fundamental la reinserción, atienda prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria y de salud, favorezca el acercamiento de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar, en los términos orientados por la Constitución y la legalidad penitenciaria.

Trabajar conjuntamente con el Gobierno español para materializar las negociaciones en relación de competencias pendientes, materias y servicios susceptibles de ser transferidos, dentro de los términos recogidos por el Informe sobre Actualización de las Transferencias Pendientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco 2017, avalado por el Consejo de Gobierno en septiembre de 2017 y remitido a la Ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, y de conformidad con el cronograma orientativo de posibles negociaciones en relación a traspasos solicitados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, remitido formalmente por el Gobierno español el 20 de febrero de 2020, conscientes de su necesaria actualización consensuada de mutuo acuerdo debida la afección de la pandemia de la COVID-19.

Aprobar una Ley de Empleo Público Vasco, que reduzca las altas tasas de interinidad de la administración pública vasca, a través de procesos de consolidación del personal interino y de nuevas ofertas públicas de empleo que permitan la renovación y el relevo generacional del personal funcionario.

Si las medidas preventivas de cooperación no tuvieran resultado, el departamento competente en materia de defensa del autogobierno, previa consulta con el departamento sectorial afectado elevará al Consejo de Gobierno las propuestas de interposición de procesos constitucionales o judiciales de toda índole que se sustancien en defensa del autogobierno vasco, de las competencias atribuidas a Euskadi y de la organización institucional de la Comunidad Autónoma.

Abordar, junto con el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, el oportuno acuerdo para la transferencia de las materias y servicios referidos a ferrocarriles y aeropuertos, de conformidad con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y su desarrollo y dentro de los términos recogidos por el Informe sobre Actualización de las Transferencias Pendientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco 2017, avalado por el Consejo de Gobierno en septiembre de 2017 y remitido a la Ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, y de conformidad con el cronograma orientativo de posibles negociaciones en relación a traspasos solicitados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, remitido formalmente por el Gobierno español el 20 de febrero de 2020.

Aprobar el Programa legislativo dentro de los primeros tres meses tras la constitución del nuevo Gobierno, realizar su seguimiento e impulsar su cumplimiento.

Profundizar en los mecanismos de colaboración con las policías locales y el sistema vasco de Emergencias y Protección civil, mediante la puesta en marcha de un centro de inteligencia de emergencias y la creación de unidades de apoyo a desastres con capacidad de actuación interterritorial y fuera de la Comunidad Autónoma, si así fuese requerido.

Fortalecer el papel activo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, como impulsor del modelo propio de cooperación descentralizada a nivel europeo.

Promover, en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, los acuerdos pertinentes en orden a la aprobación de un texto para una nueva Ley de Aportaciones, fundamentada en el consenso institucional y en la consolidación de un modelo de distribución de recursos que continúe garantizando la suficiencia financiera de las administraciones públicas vascas.

Aprobar un nuevo Plan de Justicia digital, con el objetivo de lograr la digitalización integral de juzgados y tribunales, culminar el expediente judicial electrónico, desarrollar trámites digitales a través de la sede judicial electrónica e impulsar actuaciones a través de videoconferencias.

Utilizar la política financiera y fiscal en favor del empleo, la recuperación económica, el arraigo empresarial y la innovación y la cohesión social, a través de la implementación y, en su caso, ampliación del Fondo público Finkatuz para garantizar el arraigo de las grandes empresas vascas y su efecto tractor sobre el tejido económico, la financiación de las pymes a través de los fondos de capital riesgo, la consolidación del Instituto Vasco de Finanzas como gestor de los instrumentos de financiación pública, y la emisión de fondos sostenibles para incentivar la cohesión social y la sostenibilidad medioambiental

Reforzar los programas de detección y prevención precoz de situaciones de riesgo de violencia hacia las mujeres.

Prevenir en el uso de internet de manera segura, especialmente para el colectivo de la infancia y la adolescencia.

Establecer un sistema permanente de encuentro con la población que permita conocer sus preocupaciones y atender sus demandas de forma preventiva en el ámbito de la seguridad.

Tanto en los procesos en los que el Gobierno Vasco intervenga a título de actor como en los que sean consecuencia de recursos interpuestos por el Estado contra las normas y actos dictados por la CAPV, se promoverá preferentemente la realización de negociaciones por el departamento competente en materia de defensa del autogobierno, asistido por el departamento sectorial afectado, ante la Comisión bilateral de cooperación, con el objetivo de preservar en las mejores condiciones posibles el autogobierno vasco y de evitar la judicialización constitucional y los riesgos de provocar fallos meramente interpretativos del autogobierno que vayan consolidando una doctrina de efectos menguantes para nuestro ámbito competencial.

Establecer programas de prevención específicos en aquellos colectivos más sensibles para evitar riesgos de seguridad, especialmente en lo que se refiere al consumo de drogas y la adicción al juego u otras adicciones comportamentales, en el colectivo juvenil.

Fomentar los programas de concienciación en seguridad vial y mejora de la gestión del tráfico en los parámetros marcados por la Unión europea.

Desarrollar en colaboración con Lehendakaritza la planificación económica y estratégica para afrontar los grandes retos de País y las tres transiciones globales: la transición energética-medioambiental; la transición tecnológico-digital y la transición sanitario-social.

Aprobar el nuevo Plan de Seguridad Pública 2025 como guía de intervención y coordinación de todos los órganos intervinientes en la seguridad.

Poner en marcha la estrategia vasca de “Gobierno Digital”, culminando la interoperabilidad entre administraciones y con el sector privado, creando una carpeta ciudadana unificada.

Proseguir con una política presupuestaria basada en la utilización rigurosa de los recursos públicos y la sostenibilidad de las finanzas públicas procurando el cumplimiento de los límites de déficit y deuda dentro de un marco flexible de adaptación a la coyuntura y al ciclo económico, acordado en la Comisión Mixta del Concierto Económico, con el fin de garantizar las políticas sociales e incentivar la respuesta a la crisis económica y de empleo, provocada por la pandemia de la COVID19.

Generar un sistema preventivo de protección de infraestructuras sensibles ante incidentes de ciberseguridad.

En un mundo digital, los datos son de gran valor para las organizaciones y la ciudadanía. Para extraer y devolver el valor de los datos a la ciudadanía, se impulsará una base sólida de gobernanza de datos. Esta base permitirá el despliegue de la inteligencia artificial, la implementación de políticas públicas y establecerá entornos confiables y seguros para el intercambio y la reutilización de datos.

Aprobar un Plan Estratégico de Justicia, que establecerá los parámetros para construir una justicia más ágil, eficaz y digitalizada, centrada en las personas.

Fomentar prácticas de negociación o mediación intrajudicial en los órdenes jurisdiccionales contencioso- administrativo, social y civil.

Ejecutar un programa integral de infraestructuras judiciales que tenga en cuenta la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la accesibilidad universal.

Intensificar el proceso de ampliación y desconcentración de los “puntos de encuentro familiar”, mediante la firma de los correspondientes convenios con los ayuntamientos respectivos.

Velar por la disponibilidad de plazas suficientes para dar respuesta a todas las medidas impuestas judicialmente a las personas menores de edad que han entrado en conflicto con la ley penal.

Instrumentar a través del Programa marco de Educación y Derechos Humanos, el programa de iniciativas divulgativas en el ámbito educativo a favor de los derechos humanos.

Desplegar el programa socioeducativo Uztartu en materia de prevención de la radicalización violenta.

Aprobar La Ley de trasparencia y participación ciudadana, que garantice la trasparencia de la administración ante la ciudadanía, estimule la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y facilite la rendición de cuentas en tiempo real de las acciones e iniciativas desarrolladas en cumplimiento del programa de Gobierno.

Puesta en marcha de una sección específica en los juzgados para atender a las víctimas de violencia machista con una dotación suficiente de personal y material para lograr una protección integral a estas víctimas en todas sus formas de expresión.

Mejorar las condiciones del personal de administración de justicia mediante el desarrollo del IV acuerdo de condiciones laborales, con objeto de concluir la valoración de puestos de trabajo, mantener bajas las tasas de temporalidad y fomentar los planes de formación y retribución.

Fortalecer las capacidades de los agentes de cooperación vascos tradicionales (ONGD), e impulsar las alianzas entre nuevos agentes de desarrollo cuyo papel es clave para la expansión y consolidación de la cooperación para el desarrollo de Euskadi. El objetivo es desarrollar nuevas experiencias de cooperación técnica y cooperación concertada que amplíen la base social que sustenta el apoyo a la cooperación internacional. En este sentido, se tomarán como referencia las iniciativas emblemáticas (auzolankide) ya en marcha.

Velar por la defensa del autogobierno alcanzado, promover su desarrollo y denunciar las actuaciones que supongan una intromisión, vaciamiento, condicionamiento o recorte en las políticas públicas que el Parlamento o el Gobierno Vasco hayan aprobado en ejercicio de su ámbito competencial. Entendemos que aquellas medidas que puedan derivarse de las competencias de coordinación contempladas en el artículo 156 de la Constitución, referidas a política fiscal y financiera, deben respetar el Concierto Económico vasco y ser acordadas en los órganos bilaterales respectivos. Por lo tanto, requiere, para su aplicación o materialización, de la reunión del órgano de encuentro bilateral o Comisión Mixta del Concierto Económico, en tiempo y forma.

Actualizar y revisar los sistemas de acceso a la función pública para hacerlos más trasparentes y agiles, cumpliendo de forma garantista los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Desarrollar la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas por abuso de poder.

Reforzar el servicio de justicia restaurativa con la implantación de un Plan de impulso y consolidación de medios alternativos a la resolución de conflictos.

Compromiso con una memoria crítica, que se concreta en el rechazo a la legitimación, compensación o minimización de cualquier forma de terrorismo o violencia ocurrida en el pasado, y en la oposición frontal a la reedición en el presente o en el futuro, orientada a compartir un proyecto social de convivencia y basada en el reconocimiento de la injusticia que supusieron el terrorismo y otras violencias de motivación política.

Aprobar el Plan de Actuación de Gogora 2021-24, y la consolidación de sus recursos divulgativos, de investigación y gestión.

Profundizar en la coordinación de las políticas estratégicas con las demás instituciones -Diputaciones Forales y Ayuntamientos- implementando los mecanismos y órganos de coordinación establecidos o, en su caso, apoyando la creación de espacios de trabajo y colaboración interinstitucional, con el objetivo de abordar los grandes retos a los que debemos enfrentarnos como sociedad.

Aprobar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, tomando como referencia el borrador presentado en la anterior legislatura.

Reforzar la justicia de proximidad incrementando los medios materiales y humanos de los juzgados de paz.

Mantener las iniciativas de apoyo a los programas de personas defensoras de Derechos Humanos.

Impulsar la divulgación del sistema judicial a través del programa “Educar en justicia”.

Impulsar la innovación pública mediante estructuras funcionariales más horizontales que fomenten la participación de los empleados y empleadas públicos/as en la toma de decisiones.

Intensificar, en el marco de la política de transparencia y de rendición de cuentas, la información disponible en materia presupuestaria y económico-financiera de todas las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Reforzar los canales estables de comunicación con la sociedad civil y asociaciones ciudadanas que permita trasladar información contrastada en tiempo real, evitando “fake news” en las redes sociales.

Crear el Consejo Interreligioso.

Consolidar la justicia restaurativa en los órdenes penal y familiar.

Avanzar en la modernización y simplificación de los procesos normativos y administrativos, para responder de forma más ágil y breve a las demandas ciudadanas y la elaboración normativa.

Impulsar una gestión positiva de la diversidad religiosa mediante la aprobación de la “Ley de Lugares, Centros de Culto, y Diversidad Religiosa” en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Avanzar en la interconexión de la Ertzaintza y en el intercambio de datos e información con otros estamentos policiales estatales e internacionales.

Impulsar la colaboración y coordinación con las Diputaciones Forales para la lucha efectiva contra el fraude fiscal, elaborando, con carácter anual, en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria, un Plan Integral Conjunto de lucha contra el fraude fiscal, así como mejorando y profundizando en los sistemas de intercambio de información entre Administraciones.

Adecuar el sistema de investigación y la formación de grupos de especialistas para responder de forma preventiva ante nuevas formas delictivas como los delitos medioambientales, las redes de trata, y los delitos financieros a través de internet.

Desarrollar un Programa Vasco de Contribución a la paz en el ámbito internacional.

Reforzar los programas de prevención de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de xenofobia, racismo o discriminación motivadas por la intolerancia respecto a distintas creencias u opiniones, así como de nuevos instrumentos de captación y adiestramientoen el odio que caracteriza al fanatismo totalitario, profundizando en aquellos colectivos más vulnerables a la propaganda yihadista.

Impulsar la estrategia de gobierno abierto y reconocimiento internacional. Colaboración con la organización internacional de referencia, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), para desarrollar y evaluar mecanismos para fomentar gobiernos más abiertos, responsables y sensibles a la ciudadanía.

Desarrollar el Programa de Actuación de la “Comisión ADOS”.

Garantizar la gratuidad de la mediación judicial.

Impulsar una contratación pública al servicio de la responsabilidad social y del empleo de calidad mediante la incorporación de cláusulas sociales al servicio del empleo de calidad y de la integración social y laboral, cláusulas ambientales y cláusulas a favor de la igualdad retributiva y contra la brecha salarial.

Abordar la supervisión y planificación de los proyectos para la recuperación y de resiliencia en el marco de la materialización y la gestión de los fondos europeos del Programa Next Generation EU, así como en el Plan nacional de Recuperación y Resiliencia.

Aprobar la Ley del Sector Público que garantice el papel coordinador del Gobierno en el entramado institucional e incluya mecanismos de colaboración y coordinación que eviten posibles duplicidades entre los diferentes niveles institucionales.

Destacar la realidad de los casos de esclarecimiento incompleto. En tanto no sean aclarados, merecerán un esfuerzo adicional de reconocimiento.

Integrar los proyectos expositivos de la sede de Gogora, Museo del Bombardeo de Gernika y víctimas del 3 de marzo.

Impulsar la implantación de la nueva oficina judicial, previa evaluación de las ya puestas en marcha.

Reforzar la actuación de las unidades de valoración forense integral y equipos psicosociales para la detección temprana del riesgo y la valoración efectiva de la situación de los y las menores en los casos de violencia machista.

Implantar nuevas herramientas tecnológicas para aumentar la protección de las personas, actualizando los sistemas informáticos y las comunicaciones y dotando a los y las agentes de cámaras individuales para garantizar la trasparencia de sus actuaciones y mejorar la aportación de pruebas ante hechos delictivos.

Actualizar el Concierto Económico entre el País Vasco y el Estado con el fin de consolidar el autogobierno en materia fiscal de las instituciones vascas logrando mayores cotas de capacidad normativa y regulatoria en los tributos concertados y la posibilidad de establecer nuevos tributos distintos de los concertados.

Promover los acuerdos pertinentes para la aprobación de una nueva ley quinquenal de metodología de señalamiento del Cupo para el período 2022-2026.

Desarrollar un pacto social sobre la convivencia, de alcance transversal y sentido ético, basado en la premisa de que —ni antes, ni ahora, ni en el futuro— ninguna razón política puede justificar el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos.

Aprobar el V Plan de Justicia juvenil, desarrollando un servicio vasco de justicia juvenil que apueste por la mediación, conciliación y reparación en la resolución de conflictos, con el objetivo de conseguir que se reduzca la tasa de reincidencia juvenil y situarla por debajo del 15%.

Abordar el desarrollo de la normativa precisa para impulsar el diálogo social permanente entre administración pública y organizaciones sindicales y empresariales, en la construcción y ejecución de políticas públicas.

Rediseñar el modelo de relación de la administración con los ciudadanos y ciudadanas, en base al impulso de la digitalización y a la filosofía de innovar para simplificar. Los servicios han de estar disponibles en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. Los servicios serán concebidos y diseñados con un enfoque de simplificación y proactividad y orientado a la ciudadanía incorporando el lenguaje sencillo. Se promoverá el canal digital a través de la ventanilla única de relación con la ciudadanía y la relación a través del móvil.

Modernizar el Instituto Vasco de medicina legal.

Aumentar la participación y escucha activa de las opiniones ciudadanas y rediseñar el sistema de indicadores en un proceso permanente de información y evaluación de la gestión pública en tiempo real.

Ratificar nuestro compromiso con los derechos de verdad, justicia, memoria, reparación y solidaridad que corresponden a las víctimas, a las provocadas por ETA, por el GAL y por otros grupos y a las víctimas de abusos policiales. Todo ello, sin equiparaciones, ni exclusiones, y rechazando cualquier teoría justificativa o contextualizadora de cualquier forma de terrorismo o violencia.

Potenciar los recursos de las unidades de la Ertzaintza encargadas de la investigación y persecución de los delitos de corrupción, económicos y fiscales.

Contemplar la transferencia de la gestión de centros penitenciarios a la CAPV, de conformidad con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y su desarrollo y dentro de los términos recogidos por el Informe sobre Actualización de las Transferencias Pendientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco 2017, avalado por el Consejo de Gobierno en septiembre de 2017 y remitido a la Ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, de conformidad con el cronograma orientativo de posibles negociaciones en relación a traspasos solicitados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, remitido formalmente por el Gobierno español el 20 de febrero de 2020, o sus respectivas actualizaciones acordadas.

Atender especialmente a las víctimas de la violencia machista, desarrollando el Plan de actuación de Violencia sobre la mujer.

Por el departamento competente en materia de defensa del autogobierno, se coordinará de oficio, o a instancia del resto de departamentos, la elaboración de informes sobre la legalidad constitucional y el respeto al Estatuto de Gernika de las iniciativas normativas del Estado. Dichos informes se realizarán por el Departamento competente en materia de defensa del autogobierno tras consulta con el departamento sectorial afectado. Cuando se detecten vulneraciones del autogobierno vasco se procurará la búsqueda de soluciones preventivas que eviten la conflictividad judicial, a través de la correspondiente “carta de cooperación”. Asimismo, se promoverá preferentemente la realización de negociaciones ante la Comisión bilateral de cooperación, con objeto de preservar el autogobierno vasco y de evitar su judicialización constitucional.

Consolidar la Estrategia “HABIAN 2030”.

Impulsar la Comisión Mixta del Concierto Económico como instancia para regular y vehicular las relaciones económico-financieras entre el Estado y Euskadi.