Empleo y talento

Promover un programa de certificaciones de cualificación profesional, en coordinación con Lanbide.

Mejorar la tasa de continuidad del profesorado en los centros públicos, por encima del 80%.

Promover permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles de un mínimo de 16 semanas en el sector privado, en colaboración con el Departamento de Trabajo y Empleo.

Poner en valor la contribución de las personas migrantes al mercado laboral y a la generación de riqueza en Euskadi.

Promover la inclusión socio-laboral de menores y jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad.

Reforzar las unidades de igualdad en la inspección de trabajo de Euskadi.

Facilitar la inserción de las mujeres en profesiones de mayor demanda futura.

Aprobar la Ley de Juventud, que incorporará la perspectiva juvenil en el conjunto de las políticas públicas y tendrá como objetivos principales la inserción laboral de la juventud, como mejor contribución al capital social de Euskadi.

Elaborar, coordinar e impulsar un Programa Marco para la Reactivación Económica y el Empleo, de carácter interdepartamental e interinstitucional, orientado a la reconstrucción social y económica de Euskadi y que impulsará el crecimiento sostenible y estará alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, así como con las prioridades de los Programas Europeos “Sure” y “Next Generation EU”.

Impulsar un nuevo modelo de gobernanza integral para el empleo, a través de la Ley del Sistema Vasco de Empleo. El servicio público de Empleo, Lanbide, como eje vertebrador del nuevo modelo, reforzará su orientación al mercado laboral y se centrará más en la empresa y las personas,con el objetivo de incrementar su contribución a la mejora de la empleabilidad y la creación de empleo en Euskadi.

Evitar la cronicidad en el desempleo de las personas mayores de 45 años con acciones de formación integral y de acompañamiento personal para la inserción laboral incluyendo la perspectiva de género. Se prestará una atención especial a las personas con discapacidad.

Llevar a cabo proyectos piloto y de colaboración con empresas y organizaciones del tercer sector para impulsar la inserción sociolaboral de las personas desempleadas en situaciones más vulnerables.

Aprobar una Ley de Empleo Público Vasco, que reduzca las altas tasas de interinidad de la administración pública vasca, a través de procesos de consolidación del personal interino y de nuevas ofertas públicas de empleo que permitan la renovación y el relevo generacional del personal funcionario.

Incrementar, renovar y estabilizar la plantilla de Osakidetza mediante la convocatoria de 4.000 plazas en ofertas públicas de empleo en el periodo 2020-2024, a las que se aplicarán nuevos modelos de procesos de selección y/o promoción incorporando las medidas aprobadas y propuestas por el Parlamento Vasco dirigidas a garantizar la transparencia, la justicia y la equidad.

Definir, impulsar y coordinar, una estrategia transversal de emancipación juvenil. Esta estrategia se materializará en colaboración con los Departamentos responsables, y tendrá como pilares fundamentales la elaboración y puesta en marcha del Plan de Empleo Juvenil así como del desarrollo de medidas facilitadoras de Vivienda Juvenil.

Poner en marcha un Plan especial de inspección para garantizar el correcto cumplimiento de las jornadas laborales establecidas y perseguir el fraude en términos de temporalidad y parcialidad. El objetivo es regularizar y transformar los contratos laborales temporales en indefinidos para una media de 7.000 personas al año. Para ello, se reforzarán los medios materiales y los recursos humanos de inspección.

Reforzar la colaboración con las empresas y los centros de Formación Profesional, de forma que se puedan diseñar actuaciones integrales mejor adaptadas a las necesidades presentes y futuras del mercado laboral.

Aprobar y poner en marcha un Plan de choque de empleo juvenil, integrado en el “Programa Marco de empleo y reactivación económica”, con el compromiso de facilitar una primera experiencia laboral a 30.000 jóvenes. Este plan tendrá como ejes de actuación los siguientes: formación dual para el empleo juvenil; transición del mundo educativo al mundo laboral; becas de formación y experiencia profesional con compromiso de contratación; programas específicos para la inserción y el empleo juvenil; desarrollo del emprendimiento, el autoempleo y startup juveniles; planes locales y comarcales de empleo; ofertas de empleo público y programas para reducir la precariedad en el empleo especialmente, en el colectivo juvenil.

Desarrollar la Ley de cooperativas de Euskadi.

Poner en marcha en la Mesa de Diálogo Social y en colaboración con agentes sindicales y empresariales, un Plan para reducir la temporalidad en el empleo y la parcialidad en las jornadas laborales.

Incentivar la actividad económica y la inclusión social y laboral de las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, que sean empleables.

Aprobar el V Plan Vasco de inclusión 2022-2025 para dar respuesta a los nuevos retos. Este Plan contemplará medidas anticíclicas que permitan abordar el impacto de periodos de crisis económica, atendiendo especialmente a la adopción del enfoque de género en el ámbito de la inclusión.

Poner en marcha planes de colaboración en formación a través de la Formación Profesional dual enfocados a la rehabilitación de vivienda vacía y a la creación de empleo joven.

Aprobar la Estrategia de seguridad y salud en el trabajo 2021-2025, con el objetivo de reducir a la mitad los accidentes de trabajo graves en jornada laboral e “in itinere”. El objetivo es que la Administración pública vasca sea un ejemplo de referencia europeo en la prevención y gestión de riesgos laborales.

Impulsar los programas de rehabilitación de vivienda vacante, con un enfoque especial en la creación de empleo para jóvenes, mayores de 55 años y parados de larga duración.

Garantizar los planes de igualdad en empresas de más de 50 personas trabajadoras y fomentar la negociación de planes de igualdad en las empresas de menos de 50 personas trabajadoras, de conformidad con los acuerdos alcanzados en la Mesa de Dialogo Social.

Desarrollar un Observatorio que identifique las demandas futuras de competencias profesionales y empleos.

Adoptar medidas en favor de: La estabilidad laboral y la competitividad empresarial. La reducción de la brecha salarial. La conciliación corresponsable de la vida personal, laboral y familiar. El teletrabajo. La flexibilidad horaria. La reducción de la temporalidad laboral. La disminución de la parcialidad no deseada. La potenciación de la formación permanente de trabajadores y trabajadoras. La seguridad y salud laboral tanto en el lugar de trabajo como “in itinere”.

Impulsar un pacto social y político para la racionalización de horarios en colaboración con agentes sociales.

Mejorar las condiciones del personal de administración de justicia mediante el desarrollo del IV acuerdo de condiciones laborales, con objeto de concluir la valoración de puestos de trabajo, mantener bajas las tasas de temporalidad y fomentar los planes de formación y retribución.

Destinar 140 millones de euros a Planes locales y comarcales de empleo. Se desarrollarán en colaboración con las Diputaciones Forales y las Administraciones locales priorizando las iniciativas orientadas a personas en riesgo de exclusión social, con diversidad funcional, jóvenes, mayores de 45 años y personas desempleadas de larga duración, con especial incidencia en las comarcas de actuación preferente.

Promover el desarrollo y aplicación práctica de la Declaración de Oñati: “Decálogo para un modelo renovado de relaciones laborales”, aprobada en abril de 2019, con motivo del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Reforzar el programa de ayudas económicas para las víctimas y sus hijos e hijas y programas de inserción sociolaboral que facilite iniciar una nueva vida libre de violencia.

Reforzar la justicia de proximidad incrementando los medios materiales y humanos de los juzgados de paz.

Aprobar un Plan de Empleo que incluirá medidas de liquidez específicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como a las personas autónomas. Estará dirigido a proteger el empleo con programas concretos en el ámbito de la formación para el empleo, primando una transición ecológica justa que favorezca la creación de empleo verde.

Contribuir a la creación de 4.000 nuevas micro empresas y 5.500 nuevos empleos de personas autónomas. Para ello, se llevarán a cabo nuevos programas formativos en emprendimiento en los centros educativos en colaboración con otros agentes sociales, así como actuaciones de acompañamiento y apoyo a personas de colectivos con dificultades de inserción laboral para ayudarles a crear microempresas o favorecer su autoempleo.

Fomentar planes personalizados y adaptados para la recualificación, dirigidos especialmente a personas trabajadoras de más de 45 años que deben adaptarse al reto de la digitalización.

Consolidar la estabilidad del profesorado y del personal educativo avanzando en el objetivo de reducir la interinidad estructural en 10 puntos.

Promover la creación de empleo y la igualdad de oportunidades en el ámbito rural, con especial atención al desarrollo de programas específicos para mujeres, jóvenes y colectivos con dificultades de acceso al empleo.

Potenciar la conciliación corresponsable, con medidas que incentiven la conciliación de la vida laboral y la parentalidad positiva, con la finalidad de avanzar en el reparto equitativo y paritario de las tareas domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, en colaboración con el Departamento de Trabajo y Empleo.

Apoyar la mejora de la gestión y planificación empresarial, la formación y el fomento del buen gobierno y la responsabilidad social corporativa en las empresas de economía social.

Fomentar la inserción laboral de las mujeres, con el fin de garantizar su autonomía económica, en especial en trabajos tradicionalmente masculinizados.

Favorecer la liquidez de las empresas en dificultades económicas y poner en marcha un nuevo programa que apoye a las personas autónomas, las micropymes y pymes en sus proyectos de consolidación y crecimiento, para el mantenimiento y creación de nuevos empleos.

Impulsar un nuevo modelo de relaciones laborales a través de la participación de las y los trabajadores en la empresa, su vinculación y la mejora de la transparencia. El compromiso es dar respuesta efectiva a la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad el 27 de setiembre de 2018 en el Parlamento Vasco, para avanzar en un modelo inclusivo-participativo de empresa vasca.

Apoyar el desarrollo de las empresas de economía social, facilitando actuaciones dirigidas a reforzar su dimensión, incorporar nuevas personas socias y fomentar la inter-cooperación y el asociacionismo entre ellas.

Impulsar el diálogo social tripartito y la negociación permanente entre los agentes económicos y sociales, reforzando el Sistema vasco de relaciones laborales y fortaleciendo los grupos de trabajo de la Mesa de Diálogo Social, de conformidad con las orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Fomentar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, a través de medidas específica dirigidas a facilitar este objetivo, tales como la incentivación del teletrabajo o la flexibilización de los horarios laborales, de forma adecuada a las necesidades y posibilidades de cada empresa y atendiendo a las diferentes realidades de familias existentes.

Reforzar las iniciativas dirigidas a reducir la brecha salarial de género, incorporando en los convenios colectivos la implantación de planes de igualdad.

Impulsar el relevo generacional y la continuidad empresarial. Reforzar la atracción y renovación del sector con ayudas a la contratación de personas jóvenes.

Potenciar el desarrollo de servicios de atención e intervención personalizados, con un sistema de formación integral para el empleo sustentado en las nuevas tecnologías digitales.

Revisar la actual relación de puestos de trabajo del Osakidetza para incorporar nuevas categorías profesionales e incrementar las dotaciones de aquéllas que están infradotadas de acuerdo con parámetros comparativos de nuestro entorno.

Primar el fomento del emprendimiento y el intraemprendimiento, especialmente en los nuevos yacimientos de empleos asociados a la digitalización, la transición ecológica justa “green economy”, el envejecimiento activo “silver economy” y la economía de los cuidados.

Potenciar las medidas de capacitación, formación y reciclaje de las personas trabajadoras, orientadas a la nueva era digital.

Propiciar la puesta en marcha de una nueva cultura de empresa que posibilite la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Mejorar las condiciones laborales de los y las profesionales de la cultura, adaptando la normativa fiscal a la singularidad del trabajo cultural, y aplicando incentivos fiscales, así como fórmulas de mecenazgo y micro-mecenazgo que favorezcan esa dedicación, en colaboración con las Diputaciones Forales.

Impulsar al desarrollo económico local y el fomento del autoempleo y el emprendimiento, reforzando los Planes locales y comarcales de empleo, especialmente en las comarcas de actuación preferente.

Abordar el desarrollo de la normativa precisa para impulsar el diálogo social permanente entre administración pública y organizaciones sindicales y empresariales, en la construcción y ejecución de políticas públicas.

Incentivar la formación en gestión de trabajadoras y trabajadores autónomos y micropymes del sector cultural y creativo, y apoyar el emprendimiento de los/as agentes culturales, facilitando su inserción, desde las singularidades de su actividad, en colaboración con los departamentos competentes de Trabajo y Empleo y Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Incorporar, a través de la participación y de los acuerdos, las medidas de salud pertinentes para la prevención en todos los centros de trabajo ante nuevas oleadas del coronavirus. La participación de los servicios de prevención de cada empresa, los representantes de trabajadores y trabajadoras, y organizaciones patronales y sindicales, con la colaboración de Osalan, la inspección de trabajo y la autoridad laboral, son la mejor fórmula para garantizar unos centros de trabajo seguros, desde la perspectiva sanitaria. Esta será la base para la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud Laboral 2021-2025.

Promover un sistema de movilidad abierto y programas de conciliación corresponsable del personal sanitario, con medidas de flexibilidad horaria y teletrabajo.

Reforzar la colaboración interinstitucional en el ámbito del emprendimiento, mediante la formalización de acuerdos de colaboración con Diputaciones Forales, Ayuntamientos, Agencias de Desarrollo Comarcal y otros agentes activos en esta materia.

Avanzar en una formación profesional integrada y coordinada entre el ámbito educativo y el laboral, con un órgano de dirección común a todas las políticas públicas de FP, de conformidad con la Ley 4/2018 de 28 de junio.

Presentar una propuesta al Gobierno español para facilitar la autorización de trabajo cuando el menor migrante alcance la edad de 16 años, en igualdad de condiciones a los demás adolescentes.

Reforzar la correcta aplicación de las condiciones de trabajo y fomentar el uso del buzón anónimo contra el fraude laboral puesto en marcha la pasada legislatura.

Aprobar y desarrollar la Ley de Acceso y Ejercicio de las Profesiones del Deporte.

Desarrollar una campaña de inspección específica para eliminar la discriminación laboral entre hombres y mujeres en las empresas vascas.